ALICANTE PLAZA 23/02/2023

El desarrollo del Parque Central comprometido en los terrenos liberados por el ferrocarril también ha regresado al centro del debate político en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Alicante correspondiente al mes de febrero (en el que se ha debatido sobre la Zona de Bajas Emisiones, sobre tributos, sobre el conflicto del autobús interurbano y sobre las necesidades de vivienda), con otra iniciativa de contenido político -una declaración institucional, que no tiene eficacia ejecutiva real- en la que se acuerda «la procedencia de que el proyecto del Parque Central elaborada por la sociedad Avant se apruebe antes de que acabe el presente mandato corporativo, y que se condicione  el inicio de las obras al modelo de estación intermodal», según el texto promovido por el grupo municipal del PSOE.

En esta línea, la portavoz adjunta de los socialistas, Trini Amorós, ha defendido la iniciativa para señalar que la retirada de las vías y el desarrollo urbanístico de esos terrenos es «una deuda histórica» con la ciudad contraída desde 1982, cuando, según ha asegurado, comenzó a gestarse la planificación de esa supresión del trazado del ferrocarril en su llegada al centro de la ciudad. Así, ha considerado necesario la adopción de un compromiso para acelerar la ejecución del Parque Central al que debe dar paso el proyecto de reurbanización de esos terrenos, a partir de la propuesta diseñada por la sociedad Avant, en la que participan el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento. «No podemos dejar pasar otro mandato sin que exista ese compromiso, aunque luego puedan realizarse subsanaciones», ha enfatizado.

El portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, ha sostenido que la situación de los terrenos liberados de las vías del tren tras la construcción del cajón soterrado del AVE es «uno de los ejemplos del maltrato al que se ha sometido a esta ciudad». «Es una indecencia política que este capítulo siga pendiente; como en otros casos, València sí, Alicante, no», ha señalado, en alusión a la reciente firma del convenio por el que se confirma la ejecución del parque central en la capital autonómica.

Por Compromís, su portavoz, Natxo Bellido, ha coincidido en el maltrato del Gobierno y en la deuda pendiente con la construcción del Parque Central después de veinte años. Así, ha solicitado al edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, que aporte información sobre el proyecto de reurbanización que conlleva la Operación Integrada número 2 (OI/2) y que se permita la participación pública. Además, le ha emplazado a precisar «en qué momento se piensa traer esa ordenación a pleno» con la esperanza en que se pueda «aprobar en este mandato».

Su homólogo de Unides Podem EU, Xavier López, se ha sumado al reconocimiento de los líderes vecinales que han reivindicado la ejecución del Parque Central y la construcción de los pasos peatonales provisionales «que no son la solución deseable, y que todavía presentan problemas de seguridad por la circulación de vehículos», según ha dicho. En todo caso, también ha emplazado al edil de Urbanismo a convocar una comisión específica para informar sobre el estado del proyecto de ordenación.

El mismo Adrián Santos Pérez ha explicado que la declaración institucional adolece de errores por desconocimiento. Así, ha señalado que en el documento que se aprobó en 2015 adolece de evaluación ambiental y ha confirmado que volverá a someterse a exposición público en el margen de una semana después de que se hayan introducido dos modificaciones, como había anticipado este diario.

La primera, que el Parque Central llegue hasta la avenida de Salamanca, y la segunda, que no se construya un macrocentro comercial en la futura estación intermodal. Así, ha señalado que «el Ayuntamiento ha puesto las cartas sobre la mesa y solicitó que se elaborase un estudio externo para que se confirmase que eso era posible; ha sido ahora cuando se ha completado ese trabajo cuando Adif ha accedido a aprobar esa modificación», ha señalado. Sobre la edificabilidad, ha señalado que «no puede plantearse ahora aquí que se modifiquen esos parámetros puesto que son los mismos que vienen reflejados en el convenio de 2015», ha concluido.

Por último, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha considerado que la declaración institucional promovida por el PSOE es «una muestra de oportunismo político», no de desconocimiento, y ha insistido en que fue el alcalde, Luis Barcala, el que se opuso a firmar la adenda al convenio que se planteó en 2019 hasta que no se reflejasen el compromiso de ejecución de las infraestructuras que sí se incorporaron en 2003.

Además, el alcalde, Luis Barcala, ha tomado la palabra para señalar que «Adif es un ente técnico tan sumamente independiente que le da igual gobierne quien gobierne» por lo que ha querido descargar de responsabilidad a quienes han intervenido en negociaciones sobre el futuro de los terrenos liberados del ferrocarril en Alicante. En todo caso, ha señalado que en el acuerdo de 2003 se contemplaban unas inversiones para el soterramiento de las vías, la eliminación del intercambiador de San Gabriel, el tren al aeropuerto y la construcción de la estación intermodal. Así, ha señalado que en la adenda que se planteó en 2019, «desaparecían esas infraestructuras» por lo que se opuso a su firma «y me hubiera gustado que ustedes respaldasen esa posición, porque era una posición de ciudad». En esta línea, ha insistido en que «no queremos un parque de bolas, queremos el Parque Central y que se contemplen todas esas inversiones», ha recalcado.

Por ello, ha estimado que la iniciativa planteada ahora a debate «tiene un afán absolutamente electoral» y ha señalado que «se está trabajando y se está negociando» y, entre tanto, se producen «excursiones a Madrid», en alusión a la visita girada por la candidata a la Alcaldía por el PSOE, Ana Barceló, sobre «cuyos avances o resultados no informan». «Dejen que hagan los técnicos municipales el trabajo, está bien encauzado en la exigencia de las inversiones y los plazos», ha señalado, tras hacer alusión a la dimisión de la exsecretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, tras el error en las dimensiones de los trenes adquiridos para circular en Asturias y Cantabria, sobre cuya salida, según ha asegurado, podría haberse producido con antelación para tratar de acelerar la llegada de las inversiones pendientes en Alicante. A la postre, en el momento de la votación, la propuesta ha quedado aprobada por 15 votos -los de PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox- frente a los 14 de la suma de los representantes de PP y Cs.

Centro comunitario de Benalúa, transporte a las partidas rurales y fiestas de Moros y Cristianos

También ha prosperado -en este caso, por unanimidad- la propuesta defendida por el PSOE en la que se acuerda «la procedencia de iniciar los trámites para la creación y puesta en marcha de un centro social en el barrio de Benalúa». El debate de la declaración ha propiciado un intercambio de reproches entre los grupos de la izquierda -sobre lo que han considerado un ejemplo de «abandono de los barrios» por parte del equipo de gobierno-, y el bipartito compuesto por PP y Cs, cuyos representantes han señalado que el proyecto para su construcción ya está redactado por parte del Patronato de Vivienda y que requiere una inversión de más de 8 millones, según ha explicado la edil de Acción Social, Julia Llopis. En esta línea, el alcalde, Luis Barcala, ha añadido que el proyecto comprende la construcción del edificio de viviendas intergeneracionales y que el centro comunitario se instalará en su planta baja. Así, ha apuntado que su licitación se produciría en próximas fechas.

No ha corrido la misma suerte la declaración también registrada por el PSOE por la que se trataba de manifestar «la procedencia de que la Concejalía  de Acción Social expida los certificados de vulnerabilidad para permitir que las personas sean atendidas en el Banco de Alimentos, y facilite locales para su almacenamiento en todos los barrios». La edil socialista Lola Vílchez, ha defendido que se trataría de facilitar que se agilice la expedición de esos informes. Y el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, ha considerado que la edil de Acción Social, Julia Llopis, «está siendo irresponsable al asegurar ahora que va a colapsar las oficinas de la EVha con la concesión de esos informes», en alusión a las palabras manifestadas durante el transcurso del pleno, en una intervención previa. Por su parte, Llopis ha asegurado que la expedición de los informes queda en manos de los trabajadores sociales y que se están concediendo en los casos en los que procede a todos los solicitantes que acuden a los centros sociales. Así, la iniciativa ha quedado rechazada por 16 votos (los de PP, Cs y Vox) frente a los 13 votos a favor de PSOE, Unides Podem EU y Compromís.

Y tampoco ha prosperado la última de las propuestas planteadas por el PSOE por la que se defendía la necesidad de elaborar «un Plan Director del Arbolado de Alicante». La declaración ha sido rechazada con los 16 votos de PP, Cs y Vox, frente a los 13 votos de PSOE, Unides Podem EU y Compromís, después de que el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, haya sostenido que ya existe un plan director al respecto.

Sí se ha aprobado la iniciativa promovida por Unides Podem EU, por la que se insta a retomar «la tramitación de la modificación de los Estatutos del Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante» con la pretensión de que pueda darse cabida a la propuesta de incorporación de las entidades representativas del sector comercial, después de que la edil del área, Mari Carmen Sánchez, anunciase que esa revisión quedaba pospuesta hasta el siguiente mandato.

Las dos declaraciones institucionales promovidas por Compromís han quedado rechazadas por el bloque del centro derecha, después de que sus representantes hayan reprochado la existencia de lo que han considerado «errores en su redacción» como la relacionada con la implantación de un impuesto a la banca, toda vez que «los ayuntamientos solo están facultados para crear tasas o precios públicos», según ha apuntado el alcalde, Luis Barcala. Así, en último términos, se ha rechazado la iniciativa por la que se planteaba «solicitar a las entidades bancarias la mejora de los servicios para la gente mayor» y también la propuesta de la coalición valencianista con motivo de la celebración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Los tres partidos del eje progresista han secundado las dos iniciativas.

Y también quedó rechazada la iniciativa promovida por Vox en la que se planteaba mostrar la disconformidad del pleno del Ayuntamiento con la sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza el recurso de inconstitucionalidad presentado por el  Partido Popular contra la Ley del Aborto. La iniciativa solo ha contado con el respaldo de los dos ediles del partido proponente y el rechazo de los 26 ediles de PP, Cs, PSOE, Unides Podem EU y Compromís.

Entre las declaraciones institucionales de urgencia, solo se ha aprobado parcialmente (un único punto de los tres que contenía) la propuesta promovida por el PSOE para que se agilice la puesta en marcha del Transporte a la Demanda (TAD) en las partidas rurales, después de que el edil de Transportes, Manuel Villar, haya insistido en que se trata de un servicio comprometido por contrato que no puede dejar de cumplirse.

Asimismo, se ha aprobado la propuesta promovida por PP y Cs en apoyo a los enfermos de ELA, con el respaldo de 27 concejales. Y el mismo resultado de unanimidad de los ediles presentes ha deparado la declaración promovida por Cs por la que se planteaba la reivindicación de todas las infraestructuras e inversiones pendientes de ejecución en la provincia de Alicante, recogidas en el último informe al respecto por parte de Ineca. Por último, el pleno también ha aprobado la declaración institucional por la que se solicita el reconocimiento de las cuatro fiestas de Moros y Cristianos de la ciudad como fiestas de interés turístico autonómico, en una propuesta conjunta defendida por el edil de Fiestas, Manuel Jiménez.