EL MUNDO – 30/03/2019

Las estimaciones de ingresos de Avant son de 48,50 millones, pero 42 de ellos serán para urbanizar

La estación intermodal de la Alta Velocidad no se podrá pagar con las plusvalías generadas por la venta de suelo en la zona, tal como viene previsto en el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado día 22. Esto se debe a que, según los cálculos de la sociedad Avant, los ingresos estimados por la venta de suelo en la zona asciende a 48,50 millones, mientras que el coste de la urbanización -que se debe financiar íntegramente con estas plusvalías- es de 42,35. Es decir, que con un excedente de apenas seis millones tiene que levantarse el edificio destinado a aglutinar todo el transporte terrestre de Alicante.

Estas cifras, además, están cogidas «con pinzas». Como recuerda el que fuera edil de Urbanismo en la etapa en la que se negoció la modificación del convenio de 2003, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), los costes de urbanización de una obra de esta envergadura «suelen variar al alza», y con porcentajes bastante considerables. Aún aceptando que las cifras son correctas, Pavón consideró «imposible» que con seis millones se pudiese ejecutar la intermodal, «y mucho menos la estación que se iba a construir inicialmente, que prácticamente era un macrocentro comercial».

El Ministerio de Fomento emitió el pasado viernes una nota en la que aseguraba que no había renunciado al proyecto de la estación intermodal y que se mantenía la división del proyecto en dos fases: una para el parque central y otra para ir tramitando la terminal. No aclaraba, sin embargo, cómo la iba a pagar. También abordaba la cuestión del soterramiento y explicaba que, para completarlo, sí sería necesario negociar una nueva financiación con las administraciones.

Ese mismo día el pleno del Ayuntamiento de Alicante instó al equipo de Gobierno (PP), con los votos de PSOE, Cs y Compromís, a firmar la adenda aprobada por el Consejo de Ministros. El alcalde, Luis Barcala, se negó al asegurar que iría «en contra de los intereses de la ciudad» y pidió al resto de los grupos «apoyo» para abrir una nueva negociación con Madrid.

Precisamente ayer el Ayuntamiento anunció que enviaría un requerimiento notarial a la sociedad Avant para la convocatoria urgente de una junta general extraordinaria que analice la decisión del Consejo de Ministros de suprimir las inversiones ferroviarias en Alicante.Según un comunicado del consistorio, Barcala ha dado instrucciones para que el próximo lunes se dé curso a un requerimiento notarial dirigido al consejo de Avant para que en la reunión «se analice y debata sobre la adenda modificativa firmada por el Consejo de Ministros el viernes 22 de marzo y por la que se suprimen de un plumazo las inversiones en materia ferroviaria que contemplaba el acuerdo original del año 2003».

Además, Barcala reclama que se dé cuenta en la misma reunión de la constitución y acuerdos adoptados en el seno de la supuesta comisión de trabajo que debería haberse constituido en Avant de conformidad con lo decidido el 20 de julio de 2017 entre las partes integrantes de esta sociedad y donde se estableció que esa comisión se encargaría de la redacción del documento de adenda al acuerdo firmado en 2003. El alcalde de Alicante planteará que la reunión extraordinaria de la Junta General de Avant ponga de manifiesto que el documento adenda modificado y firmado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de marzo «no puede ser refrendado por ninguno de los socios de Avant (Ayuntamiento, Gobierno y Generalitat) dado que la supresión de las inversiones ferroviarias supone, de hecho, una modificación de su objeto social, es decir, se desvirtuaría por completo los fines para los que se constituyó inicialmente esta sociedad».

Asimismo, el alcalde agregó que los socios no pueden firmar un documento de Adenda «que va contra el objeto social de la mercantil».