El Ayuntamiento se suma a la reunión entre Adif y la Generalitat para avanzar en la estación intermodal del TRAM de Alicante

Al encuentro acudirán representantes del área de Patrimonio de Adif, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, junto a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que ya se reunieron el pasado mes de febrero, aunque entonces con el Botànic liderado por Ximo Puig al frente de al Generalitat. Ahora, además se suma el Ayuntamiento de Alicante, después de que el jefe del Consell, Carlos Mazón, descartase la opción planteada por el alcalde, Luis Barcala, de repensar el proyecto, cuando aseveró: «Desde Generalitat se había planteado una macroestación, pero teniendo una estación en Luceros, a 150 metros, puede no ser necesario, tanto por complejidad como por coste«, dijo en su balance sobre los primeros 100 días del mandato local».

En ese primer encuentro entre administraciones del pasado 8 de febrero, se acordó la necesidad de suscribir un protocolo de colaboración que establezca los pasos para la realización de las obras y fije los instrumentos a utilizar para facilitar la ocupación de los suelos de Adif y Adif AV. También se acordó que la Generalitat y FGV redactarían un primer borrador de protocolo, a partir de la información que Adif remitiese, en la que se delimitasen sobre plano los suelos de su propiedad.

El 20 de septiembre, Adif recibió el borrador de protocolo enviado por la Generalitat, que fue contestado el 6 de octubre, con observaciones, en las que se contemplaban, entre otras cuestiones, la necesidad legal de solicitar la autorización administrativa para la ejecución del proyecto (ya expuesta en la reunión de febrero), acompañada de los correspondientes títulos habilitantes para la ocupación de los terrenos de Adif.

La respuesta de la conselleria se formalizó el 26 de octubre, incluyendo subsanaciones. «Fijar un plazo concreto para la cesión de los terrenos, tener la disposición de los terrenos sin contraprestación económica a favor del Estado y no supeditar este acuerdo a decisiones urbanísticas futuras que deben ser independientes a la ejecución del gran intercambiador para la ciudad, además de garantizar técnica y jurídicamente el proyecto, sin duda, de interés prioritario estatal y autonómico», tal y como recuerda la conselleria dirigida por la popular Salomé Pradas.

Tres cuestiones clave

En ese documento remitido a finales de octubre desde la Secretaría autonómica de Infraestructuras y Transportes, se pedía que el compromiso de Adif «no se limite a declarar la intención de una de las partes sino a establecer los hitos y pasos concretos antes de la suscripción del acuerdo de cesión que permita el inicio de las obras». Es decir, se reclamaba concreción en las fechas y es que en el borrador de Adif se habla de que «para llevar a cabo esta actuación, Adif y Adif AV manifiestan su intención de facilitar en el plazo más breve posible a FGV [Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana] la utilización del suelo y subsuelo que sea necesario para la materialización de la nueva estación intermodal de la Red TRAM de Alicante en tanto que se produce la aprobación definitiva del Plan Especial de la OI/2″, en alusión a la operación integrada, que se extiende por los terrenos ubicados desde la avenida Salamanca hasta Vía Parque, sobre la que se proyecta el futuro parque central y que debe dar cabida a la intermodalidad, con el ferrocarril, el TRAM y los autobuses en el entorno que ahora ocupa la estación de Renfe.

En este caso, para conselleria resultaba «completamente imposible la contratación, ejecución y gestión de una infraestructura por parte del Gobierno valenciano, a través de su empresa pública FGV, si tan solo dispone de una ‘intención de facilitar en el plazo más breve posible’«. Desde el departamento dirigido por Pradas se añadía que «la contratación y ejecución de la obra sin la plena disposición del suelo y subsuelo afectado no solamente no resulta posible de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable, sino que podría conllevar la paralización o la no puesta en servicio tras su conclusión de una obra tan importante y costosa como de la que estamos hablando, con el consiguiente incumplimiento de los objetivos comprometidos con los ciudadanos, la dilapidación de los caudales públicos invertidos en tales actuaciones y las responsabilidades con terceros en las que se pudiera incurrir».

Por otro lado, la conselleria advertía en su respuesta de que el borrador del protocolo entre ambas administraciones no aclara si se trata de «una cesión gratuita o lucrativa«, lo que considera que abre la puerta a que, «una vez ejecutada la obra, se le someta a un canon a favor del estado». En la última redacción del texto, se agregaba que «previa tramitación de la oportuna autorización de obra correspondiente por parte de FGV, manifiestan su intención de articular dicha ocupación o mediante una concesión demanial a favor de FGV por un plazo máximo de 75 años en el caso de los suelos y subsuelos de carácter demanial o mediante cesión de uso temporal en favor de FGV en el caso de los suelos y subsuelos de carácter patrimonial».

Por ello, conselleria pedía dejar negro sobre blanco que «no procede en ningún caso y por ningún motivo la existencia de contraprestación económica alguna, ni en la fase de ejecución o servicio de la obra que se pretende ejecutar, al tratarse no de una actuación de tercero, sino de un equipamiento público unitario en el que colaboran varias administraciones». Y es que, según añaden, «la inexistencia de una normativa estatal específica al respecto (por cierto esencial para cualquier política equilibrada de movilidad) no puede suponer carga alguna para la administración de la Generalitat o del Ayuntamiento de Alicante«.

Por último, tras reclamar más concreción en los plazos de cesión y en dejar claro que no se pedirá un canon por la cesión de los terrenos, la conselleria señalaba que en el texto «parece hablarse de un marco de cesión temporal que pudiera ser modificado en relación con la aprobación de un instrumento urbanístico determinado«. Para la conselleria, «supone en la práctica supeditar la contratación de las obras referidas a un acto administrativo imprevisible en el tiempo, incierto en su resultado y que escapa completamente de las facultades de los órganos administrativos que suscriben el protocolo», recordando -a su juicio- que existen «mecanismos de exención del cumplimiento de la normativa urbanística cuando se trata de que prevalezca el interés general que concierne a las administraciones supramunicipales».