La Generalitat incluye en su proyecto de presupuestos una partida para valorar la retirada de la estructura con el objetivo de la integración urbanística de la Gran Vía tras el soterramiento de las vías
DIARIO INFORMACIÓN 01/11/2023
¿Qué futuro le espera al Puente Rojo de la ciudad de Alicante? ¿Mantener la infraestructura, aunque eliminando el tráfico rodado, por ser emblemática en la ciudad? ¿Retirarla tras perder su sentido práctico con el soterramiento de las vías del tren? ¿O dejarla tal cual está? La Generalitat Valenciana tiene previsto reabrir el debate con el impulso de un estudio para valorar la opción más conveniente para la ciudad, aunque con la idea sobre la mesa de eliminar la estructura para «cerrar la Gran Vía» dando así «continuidad al eje urbano», según explican fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, dirigida por Salomé Pradas.
De hecho, en el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2024 figura una partida plurianual de 110.000 euros para un «estudio informativo de cierre de la Gran Vía de Alicante, en el tramo de la avenida del Doctor Jiménez Díaz«, a ejecutar en los dos próximos años, con 60.000 euros del total previstos para 2025.
Según la conselleria, este proyecto, enmarcado en la «estrategia del tratamiento adecuado de las infraestructuras viarias en entornos urbanos de gran densidad«, busca «acometer un tratamiento adecuado de este entorno y la integración urbanística de la Gran Vía» una vez «soterradas las vías del ferrocarril en este tramo«. Desde conselleria recuerdan que el Puente Rojo «se construyó para salvar a distinto nivel el cruce de la Gran Vía, tanto para coches como peatones, con las vías del ferrocarril«.
El debate sobre el futuro del Puente Rojo en Alicante, una infraestructura inaugurada en 1990 tras dos años de construcción, no es nuevo. Aunque está soterrado desde hace unos cinco años, en etapa del tripartito en el Ayuntamiento de Alicante. Entonces, vecinos y partidos políticos se posicionaron al respecto, con la izquierda -tras discusiones internas- apostando por mantener la infraestructura, aunque retirando el tránsito de vehículos y la derecha (del PP y Ciudadanos) a favor de su retirada. Por parte de los vecinos hubo división: con asociaciones como Benalúa a favor de su mantenimiento y otras, como Florida, defendiendo su retirada. De hecho, el Pleno se mostró en contra de una propuesta de Ciudadanos de eliminar la infraestructura, ante la mayoría progresista en la Corporación en 2017. Desde la formación naranja, hoy sin representación municipal, se defendió «la demolición del Puente Rojo, tal y como se contemplaba en el documento urbanístico del Plan Especial OI/2, aprobado en el Pleno de marzo de 2015, un proyecto que se viene barajando desde 2003«.
En aquella época, en pleno debate sobre el futuro de la infraestructura, el tripartito acometió la última rehabilitación del Puente Rojo, con un repintado de la estructura metálica, entre otras actuaciones, con un presupuesto de unos 335.000 euros. Unos años antes, aún con el gobierno del PP de Sonia Castedo, salió a la luz un estudio del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante advirtió que resultaba incoherente plantear la demolición del puente, una infraestructura con entonces menos de treinta años de vida, cuando este tipo de obras se diseñan para una vida de entorno a un centenar de años. Con los precios de hace una década, se valoró que la demolición del puente tendría un coste de unos dos millones de euros.
Vía Parque, con la vista en remanentes
Al margen del futuro del Puente Rojo, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio también ha incluido en el proyecto de presupuestos para Alicante otra partida para la elaboración de un segundo documento. En este caso, para la redacción proyecto de construcción de la prolongación de la avenida de Denia, del tramo de enlace de la A-70 y el Hospital de Sant Joan d’Alacant. «La reordenación urbana de este tramo de viario, de 1,7 kilómetros, es una actuación enmarcada en la estrategia de mejora de los entornos urbanos y su movilidad. Este viario que actualmente era la carretera N-332, tras pasar a ser de titularidad municipal, fue acondicionado por la conselleria desde la conexión con la A-70 hacia el casco urbano de Alicante», explican desde la conselleria, a la vez de añadir: «Sin embargo, no se actuó en el tramo hacia el norte, que conecta con el municipio de Sant Joan y especialmente con el Hospital Universitari de Sant Joan. Se trata de un tramo de menos de dos kilómetros que debe tener las características de un proyecto urbano, atendiendo a las necesidades de los usos residenciales y terciarios existentes». Y es que según la conselleria no puede «continuar teniendo las características de una antigua carretera nacional«.
Por otro lado, a preguntas sobre la ausencia de presupuesto para un proyecto clave para la ciudad, como completar la Vía Parque entre el PAU 2 y La Florida, donde la infraestructura solo tiene un carril por sentido, desde la conselleria explican que «no se ha incluido la línea de subvención ‘Colaboración con el Ayuntamiento de Alicante para completar la Vía Parque’, dado que el convenio no estaba firmado ni en un grado de avance importante». «Con el Ayuntamiento de Alicante se va a valorar la idoneidad de este convenio que se puede materializar a lo largo del año 2024 con cargo a los remanentes que se incorporarán«, han agregado desde el departamento dirigido por Salomé Pradas. Durante el pasado mandato, el Ayuntamiento completó las expropiaciones y acordó con el Consell, entonces en manos del Botànic, que realizaría el proyecto de obras, que sería ejecutadas por la Generalitat Valenciana.