La Generalitat traslada a Adif sus tres condiciones para el desbloqueo de la intermodal del TRAM de Alicante

La respuesta del Gobierno de Mazón, a la que ha tenido acceso este diario, llega veinte días después de que Adif remitiera a la conselleria su propuesta de subsanación de observaciones al primer borrador remitido el 20 de septiembre, donde incluía, entre otros aspectos, «la necesidad legal de solicitar la autorización administrativa para la ejecución del proyecto, acompañada de los correspondientes títulos habilitantes para la ocupación de los terrenos de Adif».

Ahora, la conselleria pide una nueva revisión de un borrador que empezó a circular entre las administraciones el pasado 20 de septiembre, con el primer envío por parte de conselleria. Ahora se proponen tres subsanaciones que Infraestructuras considera que son clave para poder firmar el documento, que le permitirá disponer de las autorizaciones necesarias, así como disponer del suelo y el subsuelo para poder contratar, ejecutar y gestionar la obra.

«Plazo más breve»

En primer lugar, según el informe remitido por la Secretaría autonómica de Infraestructuras y Transportes, se pide que el compromiso de Adif «no se limite a declarar la intención de una de las partes sino a establecer los hitos y pasos concretos antes de la suscripción del acuerdo de cesión que permita el inicio de las obras». Es decir, se pide concreción en las fechas y es que en el borrador de Adif se habla de que «para llevar a cabo esta actuación, Adif y Adif AV manifiestan su intención de facilitar en el plazo más breve posible a FGV [Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana] la utilización del suelo y subsuelo que sea necesario para la materialización de la nueva estación intermodal de la Red TRAM de Alicante en tanto que se produce la aprobación definitiva del Plan Especial de la OI/2″, en alusión a la operación integrada, que se extiende por los terrenos ubicados desde la avenida Salamanca hasta Vía Parque, sobre la que se proyecta el futuro parque central y que debe dar cabida a la intermodalidad, con el ferrocarril, el TRAM y los autobuses en el entorno que ahora ocupa la estación de Renfe.

En este caso, para conselleria resulta «completamente imposible la contratación, ejecución y gestión de una infraestructura por parte del Gobierno valenciano, a través de su empresa pública FGV, si tan solo dispone de una ‘intención de facilitar en el plazo más breve posible’«. Desde el departamento dirigido por Pradas se añade que «la contratación y ejecución de la obra sin la plena disposición del suelo y subsuelo afectado no solamente no resulta posible de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable, sino que podría conllevar la paralización o la no puesta en servicio tras su conclusión de una obra tan importante y costosa como de la que estamos hablando, con el consiguiente incumplimiento de los objetivos comprometidos con los ciudadanos, la dilapidación de los caudales públicos invertidos en tales actuaciones y las responsabilidades con terceros en las que se pudiera incurrir».

«Gratuita»

Por otro lado, la conselleria advierte de que el borrador del protocolo entre ambas administraciones no aclara si se trata de «una cesión gratuita o lucrativa«, lo que considera que abre la puerta a que, «una vez ejecutada la obra, se le someta a un canon a favor del estado». En la última redacción del texto, se añade que «previa tramitación de la oportuna autorización de obra correspondiente por parte de FGV, manifiestan su intención de articular dicha ocupación o mediante una concesión demanial a favor de FGV por un plazo máximo de 75 años en el caso de los suelos y subsuelos de carácter demanial o mediante cesión de uso temporal en favor de FGV en el caso de los suelos y subsuelos de carácter patrimonial».

Por ello, conselleria pide dejar negro sobre blanco que «no procede en ningún caso y por ningún motivo la existencia de contraprestación económica alguna, ni en la fase de ejecución o servicio de la obra que se pretende ejecutar, al tratarse no de una actuación de tercero, sino de un equipamiento público unitario en el que colaboran varias administraciones». Y es que, según añaden, «la inexistencia de una normativa estatal específica al respecto (por cierto esencial para cualquier política equilibrada de movilidad) no puede suponer carga alguna para la administración de la Generalitat o del Ayuntamiento de Alicante«.

«Y no temporal»

Por último, tras reclamar más concreción en los plazos de cesión y en dejar claro que no se pedirá un canon por la cesión de los terrenos, la conselleria señala que en el texto «parece hablarse de un marco de cesión temporal que pudiera ser modificado en relación con la aprobación de un instrumento urbanístico determinado«. Para la conselleria, «supone en la práctica supeditar la contratación de las obras referidas a un acto administrativo imprevisible en el tiempo, incierto en su resultado y que escapa completamente de las facultades de los órganos administrativos que suscriben el protocolo», recordando -a su juicio- que existen «mecanismos de exención del cumplimiento de la normativa urbanística cuando se trata de que prevalezca el interés general que concierne a las administraciones supramunicipales».

Al margen de este intercambio a escritos para intentar pulir la redacción del protocolo que permita a la Generalitat disponer de los terrenos necesarios para acometer la obra, la conselleria manifestó recientemente su intención de mantener una reunión «cara a cara» con Adif en las próximas semanas. De celebrarse, será el primero entre ambas administraciones desde las elecciones autonómicas del 28M. Previamente, representantes del ente ministerial mantuvieron una reunión técnica el 8 de febrero con el Gobierno valenciano, entonces gobernado por el Botànic, y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), en la que «se acordó la necesidad de suscribir un protocolo de colaboración que estableciera los pasos para la realización de las obras y fijase los instrumentos a utilizar para facilitar la ocupación de los suelos de Adif y Adif Alta Velocidad».

En esa cita, se pactó que la Generalitat y FGV «redactarían un primer borrador de protocolo, a partir de la información que Adif remitiese, en el que se delimitasen sobre plano los suelos de su propiedad». Esa documentación fue remitida por Adif el 17 de febrero a FGV. Siete meses después, y un cambio de gobierno al frente del Consell de por medio, la Generalitat remitió la primera propuesta de borrador el pasado 20 de septiembre. Días después, el 6 de octubre, Adif contestó con sus propuestas. Ahora es la conselleria, veinte días después de la última comunicación oficial, la que remite sus propuestas para que se redacte una nueva propuesta de protocolo que subsane las consideraciones propuestas con el objetivo de firmar un texto clave para que la conselleria adjudique una obra que costará en torno a unos 90 millones de euros, según las ofertas recibidas de entre los diez licitadores, y un plazo de ejecución de más de cuatro años.