EL MUNDO – 30/03/2019
El cronograma aprobado por el Consejo de Ministros para Alicante tiene un horizonte de una década. La urbanización supone un coste de 42 millones, 10 de los cuales los tiene que aportar el Ayuntamiento
Las obras para la creación de un parque central en Alicante, una de las obras complementarias de la Alta Velocidad en la ciudad, no empezarán hasta dentro de dos legislaturas. Y eso suponiendo que no hay ningún nuevo retraso en el calendario que maneja la sociedad Avant, y que el Consejo de Ministros del pasado día 22 incluyó dentro de la adenda para desbloquear el proyecto. En concreto, el calendario (que se puede consultar en la parte inferior de esta información), contempla cuatro años de trámites urbanísticos y documentación, incluida la aprobación definitiva de la operación urbanística en la zona (denominada OI/2), un concurso de ideas para el diseño del parque, un proyecto de urbanización, el programa de actuación integrada y, finalmente, la reparcelación.
Eso lleva la colocación de la primera piedra al primer trimestre de 2024, momento en el que, si no se alteran los ciclos electorales de cuatro años, ya habrán pasado por Valencia y Madrid dos gobiernos diferentes. La estimación es que esos trabajos de urbanización se prolonguen durante tres años, y, simultáneamente (a partir del primer trimestre de 2027), comience la enajenación de los suelos y la venta de parcelas con el objetivo de lograr las plusvalías urbanísticas que financien todo el proyecto.
Como ha venido contado EL MUNDO, el Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, se ha negado a firmar este acuerdo del Consejo de Ministros porque, dice, se han retirado referencias a otras obras complementarias del AVE como por ejemplo la estación intermodal (que en teoría se tendría que pagar también con el excedente de la venta de suelo), las últimas fases del soterramiento o la retirada de la playa de vías en San Gabriel; en este sentido, la tesis defendida por PSOE y Compromís es que el hecho de que no se mencionen de manera expresa en el documento no implica que no se pueda trabajar en ellas, aunque, en el caso de la coalición valencianista, su portavoz, Natxo Bellido, reconoció que no le gusta «nada» que se hayan suprimido del texto final.
La aprobación por parte del Consejo de Ministros viene a las puertas de elecciones y después de que el tripartito de izquierdas que gobernó Alicante durante dos años y medio (PSOE, Guanyar y Compromís) negociase con el Gobierno de Mariano Rajoy desbloquear las obras del parque central paralizadas desde 2015. Para ello se dio viabilidad económica a Avant, que arrastraba una deuda de 60 millones de euros, y el Estado se comprometía a cubrir la parte que dependía del Ayuntamiento (unos 15 millones). Este gesto no era a cambio de nada: el Ministerio de Fomento se quedaría con la titularidad de las vías y su explotación, mientras que el consistorio tendría que pagar una porción de la urbanización de los terrenos, algo que habitualmente solo está reservado para el propietario del suelo.
¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues de un 25% del coste total, estimado por la sociedad Avant en unos 41 millones. Es decir, que el Ayuntamiento de Alicante tiene que pagar diez millones de euros para la urbanización del parque central, una cantidad que en teoría va a recuperar con las plusvalías urbanísticas de la venta de los terrenos. El problema es que para ello va a tener que esperar, según el cronograma de la sociedad Avant, al menos una década.