EL MUNDO – 26/03/2019

Pavón avisa de que el acuerdo que el Consejo de Ministros aprobó el viernes «no es lo que se firmó en 2017». Compromís y PSOE piden al PP que acepte para desbloquear el parque central.

Aprobar la adenda del Gobierno que elimina toda referencia a obras complementarias a la Alta Velocidad en Alicante y «garantizar» un parque central a medio plazo o forzar una negociación para que finalmente incluya esos compromisos a costa de un presumible retraso de todo el proyecto. Esa es la dicotomía a la que se enfrenta la corporación municipal de Alicante esta semana, con una declaración institucional conjunta presentada en el pleno del jueves por PSOE y Compromís que pide al equipo de Gobierno, del PP, que suscriba la adenda al convenio del AVE emitida por el Consejo de Ministros del pasado viernes. Un acuerdo, apuntan, que ya se esbozó a mediados de 2017, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, con un objetivo: que el Ejecutivo central asumiese toda la deuda municipal en la sociedad Avant (de unos 15 millones) y desatascase de una vez por todas las obras del parque central. Esta generosidad, sin embargo, no era gratis: Fomento se quedaría con las infraestructuras ferroviarias y sería el responsable de su explotación.

El que fuera edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), apunta a que el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros no es «exactamente el mismo» que el de 2017. ¿En qué se diferencian? «Desde Guanyar constatamos que desaparece la variante de Torrellano y la retirada de las vías del tren del litoral entre San Gabriel y Agua Amarga, un objetivo estratégico para la ciudad que nos parece irrenunciable». Pavón indicó que esta desaparición «se trató en ningún momento en la reunión del consejo de Avant de julio de 2017», y agregó que la ejecución del parque central «es un objetivo estratégico irrenunciable en los términos que se aprobaron el 20 de julio de 2017, gobernando aún el PP de Rajoy».

Como ya publicó este diario, en el acuerdo del Consejo de Ministros también suprime la referencia directa que había al soterramiento de las vías del tren y, de forma más notable, la futura estación intermodal. De hecho, en el acuerdo de 2017 se llega a dividir la obra en dos fases: una para el parque central y otra para que, de manera paralela, se fuese desarrollando el proyecto de la estación destinada a aglutinar todo el transporte terrestre de la ciudad. En el nuevo texto simplemente se indica que si existe un «excedente» en las plusvalías urbanísticas generadas (algo con lo que no contempla el Tribunal de Cuentas, que recientemente fiscalizó las operaciones de Avant) se determinaría en qué operaciones invertir el dinero, pero sin citarlas.

Aún así el líder de Compromís, Natxo Bellido, indicó que «es el mejor acuerdo posible ahora mismo» y tachó de «grave irresponsabilidad que no se apruebe». Además, explicó que su formación «ha presentado enmiendas a los Presupuestos Generales cada año para reivindicar estas inversiones (la variante de Torrellano, el soterramiento y la estación intermodal) y el PP ha votado sistemáticamente en contra, sin que los señores Barcala y Sánchez dijeran nada». También indicó que la legislación aprobada en el año 2015 sobre convenios hace que aquellos que no tienen plazos, ni compromisos reales «pierdan validez pasados cuatro años, es decir en octubre de 2019». «En caso de no firmarse la adenda, el convenio quedaría sin validez y sería necesario comenzar la tramitación de nuevo y el Ayuntamiento tendría que asumir 15 millones de deuda».

En la misma línea se manifestó la portavoz socialista Eva Montesinos, para quien Barcala está «anteponiendo sus intereses partidistas y su oportunismo electoral en temas fundamentales para todos los alicantinos». «No nos podemos permitir reiniciar el proyecto».

Finalmente, Pavón pidió al resto de grupos que «se serenen y alejen de movimientos electoralistas» de modo que el convenio modificado «dé vía libre a los acuerdos del 20 de julio de 2017 e integre la variante de Torrellano como un compromiso financiero de Adif desvinculado de las plusvalías de la operación integrada número 2», la del parque central. «Si en el pleno del jueves se vota alguna iniciativa al respecto de este tema esperamos que recoja lo que planteamos».

LA ÚLTIMA PALABRA LA TIENE LA JUNTA DE GOBIERNO

Independientemente del resultado de la declaración institucional de este jueves lo cierto es que el órgano competente para resolver el acuerdo del Consejo de Ministros es la Junta de Gobierno Local, que en Alicante está compuesta solo por concejales del PP. Al respecto la portavoz del grupo ‘popular’ en el Ayuntamiento, Mari Carmen de España, insistió en que el equipo de Gobierno no estampará su firma en la adenda del Consejo de Ministros porque «supone renunciar a todas las infraestructuras ferroviarias que necesita la ciudad y eso nos lo tendrán que justificar y habrá que negociarlo». La también edil de Urbanismo lamentó que los concejales socialista y los de Compromís estén avalando una adenda que «suprime la estación intermodal, suprime la retirada de las vías de la primera línea de litoral en la zona de San Gabriel y suprime los nuevos accesos al puerto con el caramelo del parque central que, sin soterramiento, deja de ser un parque central para quedarse en un miniparque».