DIARIO INFORMACIÓN» – 25/03/2019

La edil de Urbanismo, Marí Carmen de España, sigue el guión marcado el viernes por el alcalde y Compromís les acusa de irresponsables

La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, ha insistido en que el equipo de gobierno del PP no estampará su firma en el documento (adenda) sobre la actuaciones ferroviarias en Alicante aprobado el viernes por el gobierno de Pedro Sánchez porque «supone renunciar a todas las infraestructuras ferroviarias que necesita la ciudad y eso nos lo tendrán que justificar y habrá que negociarlo». De España mantiene el guión marcado por el alcalde, Luis Barcala, quien reclama financación pública y un acuerdo similar al que se ha llegado en València, en el que el Ministerio de Fomento va a aportar 2.100 millones de euros para el soterramiento de las vías y la nueva estación.

La concejal de Urbanismo lamenta que los concejales socialistas y los de Compromís estén avalando una adenda que «suprime la estación intermodal, suprime la retirada de las vías de la primera línea de litoral en la zona de San Gabriel y suprime los nuevos accesos ferroviarios al puerto con el caramelo del parque central que, sin soterramiento, deja de ser un parque central para quedarse en un miniparque».

De España ha echado en cara a los responsables políticos de PSOE y Compromís que «no defiendan los intereses alicantinos y apoyen al equipo de gobierno en su reclamación de mantener las inversiones pactadas en la ciudad en el año 2003. La posición del PSOE y de Compromís sólo se puede entender porque los primeros sólo están interesados en defender al gobierno socialista de Pedro Sánchez y a su ministro valenciano por encima de los intereses de Alicante, mientras que los ediles de Compromís nunca han defendido a Alicante y siempre han antepuesto a Valencia sobre nuestra ciudad».

La portavoz del PP ha lamentado que «ni siquiera al final de la legislatura los representantes del PSOE y Compromís hayan sabido estar a la altura y salir en defensa de los intereses de Alicante».

De España e ha reiterado en una nota de Prensa la petición del alcalde Luis Barcala para que el Gobierno Central y el autonómico «se sienten a negociar para que Alicante reciba en materia de inversiones en infraestructuras ferroviarias el mismo trato que tienen otras ciudades».

Por su parte, Natxo Bellido, portavoz municipal de Compromís, advierte de que «hay un plazo hasta el próximo octubre para firmar la adenda y si no se hacer se perderá todo aplicándose la nueva la nueva ley de convenios que obliga a rehacer todos los firmados antes de 2015 si no se han llevado a efecto. El alcalde está actuando con una gran irresponsabildad. Firmemos el convenio y luego trabajemos para buscar financiación».

Actitud leal

Por su parte, la Generalitat ha hecho público un comunicado para subrayar que «siempre hemos mostrado una actitud leal con la provincia de Alicante y, por ello, firmamos el acuerdo con las tres instituciones para garantizar la viabilidad futura de la actuación ferroviaria y urbanística planificada en la zona de los alrededores de la estación de ferrocarril de Alicante, como consecuencia de la llegada del tren de Alta Velocidad a la ciudad».

Al firmar este acuerdo la Generalitat mostró, según aseveran desde el Consell,  su compromiso firme con Alicante y con su futuro, ya que hay que recordar que el Consell ya cumplió con su parte del acuerdo al aportar cerca de 50 millones a la obra. «Sin embargo, entendiendo el papel estratégico de Alicante, su peso cuantitativo y cualitativo en la Comunitat Valenciana, la decisión de la Generalitat de continuar en esta sociedad reafirmó el compromiso del Consell con la ciudad y con sus habitantes, demostrando claramente la voluntad de estar en primera línea de todo lo que beneficie a la ciudad y a los proyectos de infraestructuras que mejoren su calidad de vida y sus conexiones». Este acuerdo se adoptó gracias a la voluntad de las tres partes (el gobierno central gobernado por el PP, el Ayuntamiento y la Generalitat).

Recordar que la Generalitat con la firma de este acuerdo salvó la situación penosa en la que se encontraba la sociedad Avant debido al incumplimiento reiterado del Ayuntamiento de aprobar el planeamiento urbanístico. Esto provocó que la sociedad se quedara sin ingresos y obligó a rescatarla haciéndose cargo de todos los préstamos con los bancos que deberían haberse devuelto con la venta de los terrenos liberados con la nueva ordenación urbanística que debía aprobar el Ayuntamiento.

«Esto precisamente es lo que diferencia la situación de Alicante de la de València, donde el Ayuntamiento sí que tiene aprobado el planeamiento urbanístico y se va a intentar vender el suelo», seguran desde la Conselleria de Vertebración del Territorio.

Según el Consell, el acuerdo de Alicante es una adenda al convenio de 2003 que no deja sin efecto los compromisos adquiridos en su momento, solo sirve para salvar la situación financiera de este momento y no impide futuros compromisos de las partes para la finalización de las actuaciones previstas. «De hecho, algunos compromisos como la variante de Torrellano y el acceso al aeropuerto ya están incluidos en el Plan de Cercanías del Gobierno central. En cambio, el de València es un nuevo convenio diferente y se establecen nuevas obligaciones».

«Ahora, la decisión del ayuntamiento de Alicante de romper unilateralmente este acuerdo pone en peligro la sociedad que se vería abocada a la disolución y toda la operación futura en Alicante».

Iniciativa socialista

Por su parte, la portavoz municipal del PSOE, Eva Montesinos, ha anunciado que «vamos a llevar una iniciativa conjunta al pleno para que el Ayuntamiento firme el convenio, porque la no firma provocaría que habría que pagar 15 millones de euros y volver a empezar de cero con el parque central, lo que aumentaría el retraso de 15 años que llevamos. Como siempre, el PP antepone sus intereses partidistas y oportunismo en temas que no se pueden permitir·.

Pavón carga contra todos

Por su parte, el edil de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha roto el silencio que mantenía desde el miércoles cargando contra todos los partidos del Ayuntamiento.  «Queremos denunciar el electoralismo de todos los grupos municipales que hasta ahora se han pronunciado sobre la adenda: PP, PSOE, Compromís y Ciudadanos, además de la del propio Gobierno Central de Pedro Sánchez, que parece que no ha sido capaz de consensuar previamente los términos de la adenda con el resto de socios de Avant».

«Desde Guanyar defendemos todos y cada uno de los acuerdos que se adoptaron en la reunión del consejo de administración de Avant en su reunión del 20 de julio de 2017, a la que asistí como consejero tras una negociación previa con Adif en la que participamos el exalcalde Echávarri y yo mismo, una reunión en la que se acordó que Adif diera prioridad a la adenda para que estuviera aprobada en octubre de 2017. El PP de Rajoy incumplió ese plazo y por lo que sabemos no trasladó nunca ningún borrador de la adenda y de repente el PSOE de Sánchez aprueba el borrador en consejo de ministros y todo el mundo sale en tromba a criticar o a apoyar la adenda sin contrastarla debidamente», asevera Pavón.

Desde Guanyar constatan que ha desaparecido del convenio de 2003 la Variante de Torrellano y la retirada de las vías del tren del litoral entre San Gabriel y Agua Amarga, «un objetivo estratégico para la ciudad que nos parece irrenunciable. Una desaparición que no se trató en ningún momento en la reunión del consejo de Avant de julio de 2017. También consideramos que es un objetivo estratégico irrenunciable la ejecución del parque central de la operación integrada nº 2 en los términos que se aprobaron el 20 de julio de 2017, gobernando aún el PP de Rajoy».

«Creemos que todo el mundo debe serenarse y alejarse de movimientos electoralistas de modo que el convenio modificado por un lado dé vía libre a los acuerdos del 20 de julio de 2017 y por otro lado integre la Variante de Torrellano como un compromiso financiero de Adif desvinculado de las plusvalías de la operación integrada nº 2. Si en el pleno del jueves se vota alguna iniciativa al respecto de este tema esperamos que recoja lo que planteamos, aunque la última palabra la tienen el órgano municipal competente en aprobar el convenio, la junta de gobierno local, y el alcalde».