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El Gobierno vincula la estación soterrada del AVE a edificar 2.000 pisos en el parque central
DIARIO INFORMACIÓN 06/10/2018

El Ministerio de Fomento se ha desentendido finalmente de la construcción de la estación intermodal de Alicante (trenes, autobuses y taxis) y, por ende, del soterramiento definitivo de las vías del tren en Alicante, pasándole la pelota a la inactiva sociedad Avant, que lleva sin reunirse desde julio de 2017 cuando se desbloqueó el tema de sus deudas. Según figura en una respuesta parlamentaria, a pregunta del diputado de Compromís Carles Mulet con fecha de esta misma semana, el ministerio considera que la estación debe ser financiada por Avant con cargo a sus presupuestos o, lo que es lo mismo, pagarla con las plusvalías que se puedan generar de la urbanización y venta de los terrenos liberados parcialmente de las vías del tren, donde se deben levantar las cerca de 2.000 viviendas previstas en edificios de entre 13 y y hasta 20 alturas, según se apuntó en su día, y sus locales comerciales en los terrenos del futuro parque central.

Una operación de la que se viene hablando con datos desde hace 15 años en Alicante -el primer anuncio data de mediados de los años 90- pero que sigue bloqueada, porque tampoco vale ya ni el convenio firmado en 2003 entre las administraciones, que debe actualizarse. Negro panorama pues para una infraestructura que demandan vecinos, empresarios y el propio Ayuntamiento, gobierne quien gobierne, desde hace años, y que no acaba de concretarse.

La respuesta del Gobierno a la pregunta sobre qué planes tenía el Ministerio de Fomento sobre el proyecto de la estación soterrada de Alicante es clara: «La planificación de las actuaciones pendientes de ejecutar, entre las que se encuentra la estación intermodal de Alicante, está supeditada a la obtención de recursos económicos suficientes por parte de la Sociedad Alta Velocidad Alicante Nodo del Transporte, la cual determinará el orden de prioridad en su ejecución, teniendo en cuenta para ello los condicionantes técnicos, así como la necesidad de garantizar en todo momento la explotación ferroviaria».

En Alicante se comenzó a hablar de la construcción de un gran parque central a mediados de los años 90, cuando el alcalde Ángel Luna y el entonces ministro de Obras Públicas Josep Borrell, recuperado hoy por Pedro Sánchez para Exteriores, comenzaron a negociar el asunto. En 2003 con Sonia Castedo, entonces de edil de Urbanismo, se anunció en la zona un «Manhattan alicantino», y hoy todavía hay quien no descarta la posibilidad de retranquear la estación al Cementerio.

Lejos quedan ya los anuncios del exalcalde Luis Díaz Alperi cuando planteó la construcción de un hotel en la misma plaza de la Estrella, o aquella iniciativa para que la estación intermodal la construyera una empresa a cambio de su gestión posterior dotándola de cines, tiendas y hasta un gimnasio. A la mercantil se la llevó por delante la explosión de la "burbuja inmobiliaria" y vuelta a empezar.

El plan urbanizador tiene un coste aproximado de 40 millones de euros, incluidos costes de proyectos y tramitación, y un plazo de ejecución, en fases, que se prolongará unos diez o doce años. En 2016 se llegó a apuntar, incluso, que las primeras reparcelaciones podrían comenzar a principios de 2019. Desaparecía entonces el Puente Rojo de la Gran Vía, que según los técnicos no tendría sentido sin las vías en superficie, y el aparcamiento público de la estación.

Desbloqueo fallido

Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Alicante y Generalitat, socios de la empresa Alta Velocidad Alicante Nodo de Transporte (Avant) acordaron el 20 de julio de 2017 que Adif asumiera la deuda bancaria de la sociedad pública, que se cifraba en 60 millones de euros y que había puesto a Avant al borde de la liquidación.

Adif y Adif Alta Velocidad abonaron a las entidades crediticias los importes pendientes, cancelando la totalidad de la deuda vinculada a la obra, al tiempo que todos los socios se comprometieron a financiar, en función de su cuota de participación accionarial, la urbanización y los costes operativos de la sociedad. Los socios dotaron así a la sociedad de la liquidez suficiente para financiar, en función de su porcentaje accionarial, los costes de urbanización y operativos de acuerdo a las estimaciones realizadas por la propia sociedad.

Los socios debían garantizar durante los próximos años, mediante aportaciones propias -en proporción a su participación en Avant-, la viabilidad de Avant y la ejecución de la actuación urbanística a planificar sobre los terrenos liberados, recuperando en el futuro estos fondos cuando se obtengan ingresos por los suelos sin efectos para las arcas públicas.

El Ayuntamiento de Alicante, por su parte, debía tramitar el planeamiento urbanístico de la zona delimitando dos sectores: un primer sector en el que sea posible, a medio plazo, materializar gran parte del aprovechamiento urbanístico previsto, dejando para un momento posterior el segundo sector, en el que se incluye la zona de la actual estación.

Esta solución garantizaba la ejecución de las obras de urbanización de los terrenos de la OI-2 para la creación de amplias dotaciones y espacios públicos entre la avenida de Salamanca y la Vía Parque y, a largo plazo, avanzar en la consecución del objetivo de ejecución de la nueva estación intermodal.

Para llevar a cabo estos acuerdos, los socios aprobaron las bases y criterios para la modificación del convenio actual suscrito el 7 de mayo de 2003 y que debe someterse a aprobación y autorización de los órganos internos de cada accionista. Quince meses después no se ha movido un papel.

Natxo Bellido, edil de Compromís, presente en la reunión de aquel 20 de julio, subrayó que «desde Compromís, y creo que mi opinión es compartida por todos los alicantinos, estamos hartos de que Alicante nunca esté entre las prioridades del Gobierno. Ahora es la intermodal, nos pasa con la vía de la vagoneta y por no tener no tenemos ni el suelo de Adif para acabar la Vía Parque, o la conexión ferroviaria con el aeropuerto».

Avant está participada por Adif (7,5%), Adif Alta Velocidad (30%), Renfe Operadora (12,5%), el Ayuntamiento de Alicante (25%) y la Generalitat (25%).

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